EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO

Una de las diferencias sustanciales que existen entre la cultura político-social "anglosajona" y la cultura político-social "continental" estriba en el papel que se atribuye en cada una de ellas al Estado y, más concretamente, a su Administración. Así, mientras en los sistemas anglosajones: EE.UU. y U.K, principalmente, el papel de los poderes públicos (a través de sus diferentes actores) es bastante moderado; en el caso de los sistemas continentales: con Francia, a la cabeza, el papel del Estado es bastante intenso, manifestándose en una amplia acción de "procura existencial" hacia los ciudadanos, dando lugar a lo que se ha venido a calificar como "Estado del Bienestar".

Actualmente, la comparativa de las tasas de crecimiento de ambos tipos de modelos beneficia claramente a los sistemas "anglosajones", que se basan en un sistema económico caracterizado por una mayor liberalización, desregulación y autonomía de sus agentes económicos principales (especialmente, los de carácter regulatorio y las denominadas Agencias Independientes). Estos factores, aunque se encuentran presentes en muchos países "continentales" gracias al fenómeno de la integración europea, no son tan intensos en estos países en tanto en cuenta su tradición económica está más basada en el protagonismo económico del sector público y, por tanto, con una economía fuertemente intervenida especialmente en aquellos sectores estratégicos (electricidad, telefonía, etc.).

Pues bien, no se trata ahora de contraponer un sistema frente a otro, pues ambos representan modelos que han demostrado su eficacia en el pasado, sino de contraponer sus "efectos colaterales" a la luz de su impacto en la libertad de los ciudadanos. En ese sentido, podemos decir que los sistemas altamente intervencionistas tienden a fomentar la constitución de unas "élites" políticas fuertemente burocratizadas, que, lejos de estimular la libertad e iniciativa de los ciudadanos con el fin de que exista una sociedad civil fuerte, lo que hacen es fomentar una cultura de la subvención y de la dependencia pública de los actores económicos y sociales, con todas las disfunciones que se derivan de ello: clientelismo político, falta de iniciativa social, dilación de las reformas liberalizadoras y una cierta tendencia a intervenir en los mecanismos de formación del individuo (la educación y los medios de comunicación); todo ello, con el objetivo de incrementar el poder de estas "élites" políticas, cuya actuación real tiene poco que ver con la función para la cual han sido elegidas.

Por eso, la sociedad civil tiene que ser consciente del valor de la libertad como contrapunto de la acción de los poderes públicos. Una sociedad que vela para que el Estado no intervenga excesivamente en sus asuntos es una sociedad más próspera y libre, porque no sólo estimula a sus integrantes a que den lo mejor de sí sino también porque resulta menos manipulable. La acción del Estado es buena, pero siempre en sus justos términos, ni más ni menos, eso es lo que se ha venido a denominar principio de subsidiariedad.

POR FAVOR, MÁS REFERENDA

Una de las cosas más disfuncionales de las democracias representativas, dominadas por la partitocracia dominante, es su falta de voluntad para convocar a los ciudadanos con el fin de que éstos, que son los "propietarios" del poder, se pronuncien sobre cuestiones básicas para la marcha del país, es decir, sobre la marcha de "sus" asuntos.

Por el contrario, cuando el partido en el poder convoca a los ciudadanos en referéndum lo hace o bien con ánimo plebiscitario o bien para que se pronuncien sobre cuestiones que muchas veces no tienen mucha trascendencia e interés para ellos. Voy con dos ejemplos:

a) La guerra de Irak: A mi juicio, el principal de error de Aznar no fue el hecho de enviar tropas a Irak sino el hecho de que no consultase a los ciudadanos sobre si querían o no que España enviase tropas. Tan sencillo como eso. Si Aznar hubiese convocado un referéndum habría quedado como un gran estadista, puesto que un gobernante ante todo se debe a su pueblo. Además, políticamente, la convocatoria es la única manera para terminar con una respuesta masiva en la calle frente a una acción política determinada, que, por otra parte, no tiene por qué representar a la opinión mayoritaria de un país.

b) El referéndum sobre el Tratado Constitucional de la UE: A mi juicio, este caso es justamente el contrario del anterior, es decir, la convocatoria de un referéndum sobre una cuestión que a la opinión pública le resultaba indiferente, especialmente por su mínimo impacto respecto a la vida cotidiana de los ciudadanos pues hay que tener en cuenta que dicho Tratado Constitucional venía a ser, en la práctica, un mero texto consolidado del derecho originario comunitario. Sin embargo, el referéndum se convocó a bombo y platillo como si nos fuera en ello nuestra identidad europea.

c) La ley que autoriza los matrimonios entre homosexuales: Aquí estamos ante una cuestión importante para los ciudadanos ya que representa una modificación sustancial de una institución medular en nuestra sociedad, que ha estado vigente en nuestro país en los mismos términos básicos (unión de un hombre y una mujer) durante muchos siglos. Sin embargo, el Gobierno no tuvo a bien convocar a los ciudadanos para que se pronunciasen sobre esta cuestión.

¡¡Vaya democracia¡¡¡, es como si a los propietarios de una comunidad de vecinos su presidente no les convocara en una junta extraordinaria para poner un ascensor, pero sí para poner unas baldosas. ¿Qué les parecería? Mal, verdad, pues a mi también.

LA ALTERNANCIA POLÍTICA

La alternancia política es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático. Supone la posibilidad de que las diferentes fuerzas políticas puedan alcanzar el poder mediante las correspondientes elecciones, por lo que este principio resulta incompatible con el partido único o con las prácticas de ciertos partidos en el poder que tratan de anular al adversario político.

En consecuencia, este principio conlleva un respeto por parte del poder político gobernante hacia las minorías, máxime si estas representan a de una gran parte de los ciudadanos, por lo que no pueden ser excluidas sin más de la vida política con el fin de evitar el hecho de que puedan alcanzar el poder político en el futuro.

La alternancia política tiene un gran valor en cualquier Estado democrático, no sólo por formar parte de su esencia misma, sino por lo que tiene de "higiénico", democráticamente hablando, al reducir la corrupción política. Y es que como dijo Lord Acton "el poder tiende a corromperse y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente". Por eso, el electorado debería valorar muy positivamente este principio, y manifestarlo en las urnas, porque como se ha visto en otras épocas un partido instalado en el poder de una manera permanente deriva inexorablemente hacia un ejercicio cada vez más abusivo de éste. Evidentemente, esto tiene que ver más con la propia condición humana de las personas que ejercen el poder que con la noción ideal de la política, pero es que al final la política no es más que lo que hacen los políticos.

Finalmente, yo creo que la alternancia política también exige un esfuerzo por parte de las fuerzas mayoritarias en favor del consenso político. Y es que hay cuestiones clave para una nación, como son las relativas al modelo de Estado, educación, las infraestructuras, etc. que no pueden ser susceptibles de tener una política diferente cada 4 años. Esto es intolerable para los ciudadanos porque les genera:
- una enorme fustración, al comprobar que no hay criterios con una mínima vocación de permanencia, contribuyendo, de paso, el ya de por sí nefasto relativismo que impregna la sociedad.
- una sensación de despilfarro de los recursos públicos, porque cada nueva política que se implementa sin apoyarse en las anteriores genera una gran cantidad de gasto público, que, al final, siempre es el contribuyente el que lo soporta.

LA LIMITACIÓN TEMPORAL DE LOS CARGOS ELECTOS

Muchas de las disfunciones de los regímenes democráticos actuales (y, por supuesto, de los no democráticos) derivan de la ausencia en los textos constitucionales de alguna previsión que impida a los representantes políticos su presencia indefinida en las mismas instituciones para las que han sido elegidos.

Frente a esta premisa, habrá muchos quienes defiendan el derecho de los representantes parlamentarios a permanecer en su escaño durante muchos años, si así lo quieren los ciudadanos mediante su voto. Evidentemente, en mi opinión, defender esto significa desconocer la mecánica de los partidos políticos, mediante la cual la presencia de determinados políticos en las listas electorales no resulta fruto de su valía personal y profesional, sino más bien de su adhesión inquebrantable a las personas que en cada momento dirigen al partido político. Esto, que ya fue definifido como la Ley de Hierro de los partidos políticos, tiene mucho que ver con el sistema electoral actual español en el que las listas cerradas y bloqueadas impiden a los ciudadanos elegir, dentro de cada partido político, a los miembros de éstos que mejor creen que van a representarles en los órganos de decisión política.

Actualmente, no hay nada más que ver quiénes son los que conforman el Parlamento español para darse cuenta de la condición "profesionalizada" de muchos de ellos, que han hecho de la política su modus vivendi. Esto, a mi juicio, resulta altamente negativo para el funcionamiento regular de las instituciones por cuanto, después de varios años sin haber hecho otra cosa, su perspectiva de las cosas se aleja claramente de los problemas de los ciudadanos a los que deben representar. Es más, el hecho de el parlamentario, tenga un trabajo o profesión al margen de la política (y no sólo de una titulación) les otorga, en mi opinión, de unas mejores aptitudes para ejercer la función política en tanto en cuenta les estimula menos para hacer de la política su modus vivendi, y, por tanto, para caer en las oscuras prácticas de la vida partidista para hacerse con un hueco en las listas electorales.

Por eso, este desideratum debe ser objeto de las adecuadas reformas constitucionales para ponerla en práctica, como ocurre en los EE.UU. respecto a la imposibilidad de que su Presidente sea reelegido más de una vez.

Finalmente, esa posible reforma constitucional traería como efecto beneficioso colateral un cambio de mentalidad de nuestros políticos, hacia una renovación generacional de cargos electorales y de higiene democrática al impedir el abuso de las corruptelas propias de los regímenes en los que las mismas personas se perpetúan en el poder durante muchos años.

DECALOGO CIUDADANO PARA UN EJERCICIO MÁS DEMOCRÁTICO DEL PODER POLÍTICO

Hoy incorporo mi propuesta de decálogo ciudadano para un ejercicio más democrático del poder político. En los próximos días iré desarrollando una a una cada una de las reglas que lo componen:


Regla 1: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste está limitado temporalmente. Por eso abogamos para que, como regla general, los cargos electos no puedan ser ejercidos durante un máximo de dos legislaturas o, en su defecto, durante más de diez años consecutivos.

Regla 2: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando existe alternancia política. Por eso condenamos cualquier forma de excluir de las grandes decisiones políticas a los partidos que cuentan con una mayoría significativa de votos.

Regla 3: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste viene refrendado por los electores, mediante referéndum, en aquellas decisiones que puedan significar una alteración sustancial del modelo económico, social y cultural vigente en nuestro país.

Regla 4: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste respeta la libertad de los ciudadanos y de sus organizaciones sociales, sin intervenir más allá de lo estrictamente necesario respecto a sus convicciones personales, morales o religiosas, que no podrán ser menoscabadas por leyes que no respeten la autonomía del individuo dentro del orden social.

Regla 5: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste es elegido conforme a normas electorales que buscan activamente la cercanía del representante político con su representado, evitando en la medida de lo posible que los pactos post-electorales alteren en la práctica el resultado de cualquier consulta electoral.

Regla 6: Creemos firmemente en el principio de división de poderes como forma de organización política por la cual los diferentes poderes se contrapesan unos a otros. Además, dado el control de los partidos en el poder tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, debería fortalecerse la independencia del poder judicial y dotar al Rey de mayores facultades para ejercer su papel de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones.

EL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES

El principio de división de poderes es un principio fundamental en cualquier régimen constitucional. Ya lo decía el famoso artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos: "Toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de Constitución".

Pues bien, este principio resulta hoy en día más necesario que nunca, porque la actual partitocracia nos ha conducido en la práctica a la existencia de dos poderes en lugar de tres poderes: el partido político dominante y el poder judicial. Y es que, el partido político dominante controla el poder legislativo y el poder ejecutivo.

En mi opinión, una democracia participativa no es obstáculo para la existencia no sólo de división verdadera de poderes, sino incluso en la existencia de más de tres poderes, para asegurar con más fuerza la democracia.

En este sentido, creo que habría que acometer las siguientes reformas en nuestro régimen constitucional:

- El poder judicial debe configurarse como un verdadero poder independiente, esto conllevaría el retorno a un sistema de elección de su órgano de gobierno exclusivamente por cooptación, sin la participación del legislativo en la designación de sus miembros. Así, era el sistema hasta la modificación de la LOPJ en el año 1985.

- En segundo lugar, creo en la línea expuesta anteriormente, que nuestro régimen constitucional debería también replantearse la función del Rey, a fin de dotarle de una mayor capacidad a la hora de ejercer su función de "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones" prevista en el art. 56 CE. Esto creo que se podría conseguir modificando el artículo 92 relativo a los referéndums consultivos, para que pudiera convocarlos sin necesidad de propuesta del Presidente del Gobierno previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. De esta manera, siempre que el poder político dominante en cada momento plantease un cambio radical del modelo de convivencia vigente en cada momento sin contar con el refrendo mayoritario de los ciudadanos, el Rey podría recurrir a este mecanismo a modo de contrapeso de las acciones precipitadas de gobiernos elegidos para gobernar por un período de cuatro años.

Así la vocación de la permanencia de la Corona tendría este mecanismo de acción que, por otra parte, no supondría una injerencia grave en los gobiernos legítimamente democráticos, al tratarse en definitiva de una convocatoria al propietario del poder, el pueblo, para que pueda expresar su opinión ante una decisión que la única institución vitalicia del Estado pueda entender, desde su atalaya ajena a la alternancia política, que va contra la esencia y el sentido del Estado.

Segunda entrada

Como veo que la primera entrada ha salido bien me animo con la segunda en este día de San José. Como son muchas las ideas que se amontonan en mi cabeza voy a empezar con lo primero que se me ocurre para intentar con el transcurso del tiempo sistematizar mejor mis ideas acerca de las reformas que habría que acometer para mejorar nuestra democracia.

Ha llegado el momento de la democracia participativa, la democracia representativa que hoy en día es la que tenemos empieza a resultar tremendamente asfisiante y es preciso nuevos aires para regenerar nuestra democracia, para hacerla mucho más participativa. Hoy en día los ciudadanos, yo al menos, nos estamos cansando de que la democracia actual se vea reducida a depositar un voto en una urna cada cuatro años. Queremos más, queremos participar en la toma de decisiones, porque la situación actual nos está conduciendo a una "partitocracia" donde el gobierno no está en mano de los mejores representantes, sino en mano de aquellos políticos profesionales cuyo único mérito profesional es haber servido obedientemente a los dictados de los líderes de turno de los partidos tradicionales.

Primera entrada

De la democracia representativa a la democracia participativa

No sé si habré configurado bien el blog, espero que sí. Tenía ganas de empezar con ésto porque son muchas las inquietudes que tengo para exponer lo que pienso acerca de nuestra actual democracia y sus posibilidades de reforma. Espero que a lo largo de todos estos días pueda aportar mi granito de arena para intentar mejorar nuestra paupérrima democracia.
A ver que tal sale.