DEMOCRACIA DIGITAL Y DERECHO DE PETICION

Una de las ventajas que tendrá la implantación del eDNI, o DNI electrónico, será la posibilidad de acreditar nuestra identidad mediante dicho documento sin necesidad de tener que firmar por escrito la solicitud, contrato, etc. que queramos realizar.

Esto, que actualmente ya se puede realizar en ciertos ámbitos de actuación ante la Administración (sobre la tributaria) mediante la firma digital reconocida, puede ser una auténtica revolución en lo que se refiere al ejercio de la democracia (digital) por parte de los ciudadanos por cuanto éstos podrán ejercer sus derechos mediante este sistema, sin necesidad de desplazarse de su domicilio, con las ventajas que de ello se derivan en especial las relativas a la mayor agilidad y menor coste de los procedimientos tanto de carácter electoral como en los basados en el derecho de petición.

Es a este último derecho al que me quiero referir ahora por cuanto su ejercicio, regulado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, no es muy utilizado por los ciudadanos, cuya movilización para cualquier tipo de demanda social o iniciativa popular es complicada por muchas razones, pero, en particular, y hay que decirlo así de claro, por la incomodidad que les supone a muchos ciudadanos el desplazamiento hacia los lugares donde se recogen las firmas "tradicionales".

Sin embargo, la utilización de la firma digital de una manera masiva por los ciudadanos, con la comodidad que ello supone, podría suponer, por ejemplo, que muchas de las campañas auspiciadas por asociaciones procedentes de la sociedad civil, como Hazte Oir, podrían incrementar aún más su nivel de "presión" ante los poderes públicos, que se verían no sólo "obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses" (art. 11 de la L.O. 4/2001), sino también a una suerte de protección jurisdiccional tal y como se recoge en dicha Ley.

Finalmente, desde el punto de vista del poder político, el eDNI tiene que servir para que los responsables del poder ejecutivo, no sólo nacional sino sobre todo municipal y autonómico, incentiven la participación ciudadana en la decisión de los asuntos públicos, es decir, de sus asuntos. Ya no nos valdrán las manidas excusas (del tipo qué complicado y caro es montar un referéndum) para que no nos consulten muchas asuntos sobre los que los ciudadanos queremos opinar, la democracia no puede verse reducida a votar cada cuatro años y dar un cheque en blanco a los políticos para que luego hagan lo que les de la gana.