DECALOGO CIUDADANO PARA UN EJERCICIO MÁS DEMOCRÁTICO DEL PODER POLÍTICO
Hoy incorporo mi propuesta de decálogo ciudadano para un ejercicio más democrático del poder político. En los próximos días iré desarrollando una a una cada una de las reglas que lo componen:
Regla 1: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste está limitado temporalmente. Por eso abogamos para que, como regla general, los cargos electos no puedan ser ejercidos durante un máximo de dos legislaturas o, en su defecto, durante más de diez años consecutivos.
Regla 2: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando existe alternancia política. Por eso condenamos cualquier forma de excluir de las grandes decisiones políticas a los partidos que cuentan con una mayoría significativa de votos.
Regla 3: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste viene refrendado por los electores, mediante referéndum, en aquellas decisiones que puedan significar una alteración sustancial del modelo económico, social y cultural vigente en nuestro país.
Regla 4: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste respeta la libertad de los ciudadanos y de sus organizaciones sociales, sin intervenir más allá de lo estrictamente necesario respecto a sus convicciones personales, morales o religiosas, que no podrán ser menoscabadas por leyes que no respeten la autonomía del individuo dentro del orden social.
Regla 5: Creemos que la mejor forma de ejercer el poder político es cuando éste es elegido conforme a normas electorales que buscan activamente la cercanía del representante político con su representado, evitando en la medida de lo posible que los pactos post-electorales alteren en la práctica el resultado de cualquier consulta electoral.
Regla 6: Creemos firmemente en el principio de división de poderes como forma de organización política por la cual los diferentes poderes se contrapesan unos a otros. Además, dado el control de los partidos en el poder tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, debería fortalecerse la independencia del poder judicial y dotar al Rey de mayores facultades para ejercer su papel de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones.
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